“AHORA ES UN BUEN MOMENTO”

Con todos los operadores jurídicos y sociales

Un buen momento para proponer el

pacto para la reforma de la Justicia

Por Lorena P. Campillo

Es el momento para iniciar el debate, es un buen momento para proponer el Pacto para la Reforma de la Justicia. Si se intenta llevar a cabo una reforma de la justicia, hay que hacerla contando con el factor tiempo y, por ello, con la posibilidad, bastante alta, de un cambio en las élites políticas, de un cambio en el partido en el poder.

El Consejo General del Poder Judicial, propuso en su momento,  la realización de un “pacto suprapartidista por la Justicia”. ¿Porqué no retomarlo a partir de la colaboración de la SOCIEDAD CIVIL? Los temas que se trataron (PSOE y PP) en dicho Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, allá por el 2001, parecían interesantes, entre otros, la importancia de la oficina judicial, la necesidad de agilizar los procedimientos, la carta de los derechos de los ciudadanos.

Y lo que no es poco,  encima de aquella mesa  había veinte leyes por revisar, tres millones de asuntos pendientes en los juzgados y una opinión abrumadora contra el funcionamiento lento (82%) y malo (46%) de la Justicia, aunque hubiera mejorado algo respecto a los resultados de 1996.

Ahora se necesitan nuevos pactos de Estado para la reforma de la Justicia.  Retomémoslo. Revisemos los problemas actuales y demos una solución, entre todos es posible. Si fueron posibles los Pactos de la Moncloa, ¿porqué no ahora?.

Como dice Antonio Garrigues, “los partidos tienen ahora una ocasión histórica perfecta para recuperar la credibilidad que han perdido. Bastaría con revitalizar la cultura de diálogo y aplicarla con decisión y coraje”.

Juicios tardíos. En España hay diez jueces por 100.000 habitantes; en Europa la media es el doble, veinte jueces, mientras que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2012 provocó la práctica la eliminación de los jueces sustitutos, unos mil en todo el Estado. El 43,53 por ciento de los órganos judiciales está por encima del 150 por ciento de la carga máxima de trabajo fijada por el propio organismo. Los juicios tardan años en celebrarse y se suspenden o se aplazan sin motivo alguno.

Nueva realidad. Se necesitan mayores reformas legislativas y más eficaces que las puestas en marcha, como demuestra el fracaso de Lexnet. No existe cultura de innovación, ni cultura de desarrollo, y por ello se requiere mayor inversión por parte de la abogacía institucional o global en investigar los problemas jurídicos-sociológicos que surgen en la nueva era digital, para poder identificar, a posteriori, el problema y en consecuencia legislar. Vivimos en un mundo digital, donde la seguridad jurídica debe garantizarse y, para ello, debemos empezar a tomarlo en serio. 

Despolitizar. ¿Cómo despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? ¿Cómo solucionar el modelo presidencialista que ha adoptado Ruiz-Gallardón? Todos los vocales son elegidos por las cámaras, previo pacto de las principales fuerzas políticas; el Gobierno se ha reservado la mayoría en la institución , de ahí que se perciba el CGPJ como un órgano altamente politizado. En la actualidad, todas las asociaciones judiciales reclaman que sean los propios jueces quienes elijan a los doce vocales de procedencia judicial.

Leyes a medias. Por ejemplo, ¿se está cumpliendo la Ley Integral contra la Violencia de Género? ¿Hay un compromiso real por parte del Gobierno? Sigue vigente y las medidas judiciales, penales y civiles, lógicamente, se siguen aplicando. Pero la ley integral va más allá y contempla medidas preventivas, de carácter social, educativo o laboral, que son tanto o más importantes que la respuesta penal para luchar contra esta lacra. Este tipo de medidas requiere de una inversión importante y es ahí donde la aplicación de la ley está fallando, pues el presupuesto en la materia se ha visto reducido de forma considerable en los últimos años.

Paro y precariedad. La tasa de desempleo y la precariedad de los recién licenciados en Derecho, como tantos jóvenes españoles; la situación precaria de los abogados de oficio y un largo etcétera, son asuntos que deben ser abordados cuanto antes.

La justicia siempre ha sido la asignatura pendiente en los Presupuestos Generales del Estado de todos los gobiernos, ya que ni restaba ni contaba puntos. Y no se ha tenido en cuenta que ocupa un lugar bastante importante dentro de lo que exige un Estado de Derecho democrático sólido. En definitiva, debemos buscar el meeting point en el que consigamos un Pacto con todos los operadores jurídicos y sociales.   Como decía Banki-Moon, “una nación segura da voz a los ciudadanos”.

 

Lorena P. Campillo es abogada

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